Fuente: El Economista
Por Blanca Juárez
El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar ha identificado al menos 17 formas de violencia en contra de este grupo de trabajadoras, a quienes asesora para la defensa de sus derechos humanos y laborales.
Sesenta años de vida dedicados a tres generaciones de una familia caben en una maleta de lona raída y descolorida. “Cata, esa maleta es mía, dámela. De aquí no te llevas nada”. Cabrían, pero en esa casa nada le pertenecía, ni sus años, ni sus deseos ni una bolsa vieja. Catalina Acosta, trabajadora del hogar, 80 años, originaria de San Luis Potosí, dice que su patrona no la dejaba irse y que le debe el sueldo de tres meses, la patrona afirma que la señora tiene demencia senil: la mujer policía llena su informe.
Ya anocheció y el silencio de la calle de Castaños es interrumpido por suspiros de alivio y un poco de llanto. Marcelina Bautista Bautista, directora y fundadora del Centro de Apoyo Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), le explica a Catalina Acosta que pelearán para que la indemnicen por los 60 años de trabajo para esa familia. Según el cálculo de la activista, le corresponderían más de 269,000 pesos. Pero ahora, a disfrutar su libertad, le dice.
Hace unos días, Marcelina Bautista, una de las principales defensoras por los derechos de las trabajadoras del hogar en México, recibió una denuncia de una compañera. A su tía, Catalina Acosta, no la dejaban salir de la casa donde laboraba y dificultaban la comunicación con ella. Angelina Hernández, su sobrina, y quien buscó a CACEH, lellamaba a su número celular, pero estaba apagado. Le marcaba a la empleadora, pero o no respondía o evitaba que se pusieran en contacto. “Mi tía ya es mayor de edad”, le advirtió.
“Muy bien, haremos esto”, le dijo Marcelina Bautista, luego de oír la historia. No fue fácil llegar a esa casa, ubicada en un residencial sobre una de las colinas de Naucalpan, Estado de México. No hay transporte público, sólo se accede en auto particular, algo de lo que seguramente carecen las trabajadoras del hogar que laboran en esas casas, en las que desde fuera es difícil imaginar que albergan risas, convivencia.
Frente a la puerta, una de ellas tocó el timbre. La empleadora, salió y reconoció a Angelina. Cuando Catalina Acosta llegó a esa familia, aquella mujer que abrió la puerta tenía tres años. Se sorprendió un poco al ver que venía acompañada — por Marcelina Bautista—, pero no le dio importancia. Le dijo que esperara en la calle, seguro venía en transporte público y ahí hay muchos contagios de covid-19, así que si quería visitar a su tía sería en la banqueta. No lo sabía, pero iban por Catalina.
Desde Coxcatlán a Naucalpan
“¡Fui una bruta, fui una bruta! ¿Por qué me dejé?”. Catalina Acosta, la víctima, se reprocha por lo que le han hecho. “No me agradecen que estoy aquí, se portan muy mal conmigo. La señora me pegaba y ese su hijo, el altote, también me dio un manazo un día. Me aguanté y no acusé”.
Tenía 19 años cuando una amiga le dijo que había trabajo en México, como se le llama a la capital del país desde muchos estados. El empleo era en una casa; no era novedad, para muchas mujeres indígenas como ella es la única opción. Y el reclutamiento todavía suele ser como en 1961, cuando Catalina Acosta fue enganchada, las personas empleadoras le piden a una trabajadora que consiga a otra muchacha de su pueblo.
Desde entonces dejó la comunidad nahua de San Andrés, en el municipio de Coxcatlán, en la Huasteca potosina. “Es un lugar muy bonito”, recuerda. Con su amiga, empezó a trabajar con aquel matrimonio que tenía un bebé de unos meses y una niña de tres años. El maltrato verbal era constante, así que su compañera se fue pronto y se quedó sola, a cargo de todo el trabajo. “Ella ya está en su casa, se fue para siempre”.
En un tiempo ya eran seis niños y niñas a quienes tenía que cuidar, además del señor y la señora y toda la casa. “No había pañales desechables, todos los lavaba yo a mano y los planchaba. También la otra ropa, las pijamas, todo. Llevaba a los niños a la escuela, limpiaba, cocinaba. Nunca paraba, terminaba a las 11,12 de la noche. A los seis hijos yo los cuide y ahora me sacan de esa forma”. A últimas, le ha tocado cuidar también a los nietos de ese primer matrimonio que la contrató.
Las palabras de Catalina Acosta tienen esa silueta que sólo forma otro idioma natal. “Mi lengua es el náhuatl, pero no me dejaban hablarlo”. Su juventud, su poco dominio del español, su situación económica precaria, siglos de opresión indígena, su condición de migrante, de mujer, todo estaba puesto en la mesa para que fuera fácilmente violentada.
“Un día me pegó la señora con una manguera y otra vez, con una escoba”, lo dice llorando. Lo cuenta con las palmas de las manos extendidas, como si así el tono bajo de su voz se convirtiera en un grito. “4,000 pesos me pagaban”, al mes. “Me quedé soltera, no me dejaban ir”.
Las denuncias en CACEH
Un día antes, Angelina Hernández pudo hablar con su tía. “Arregla tus cosas, que mañana vamos por ti”. Cuando ella y Marcelina Bautista llegaron, la trabajadora del hogar estaba nerviosa e indecisa. Romper seis décadas de relación no es fácil. “Es que no he arreglado todas mis cosas. Pero sí me quiero ir. Es que no sé cómo me voy, ¿me ayudas?”, le preguntó a su sobrina.
“Nosotras la vamos a apoyar para que se salga. Dígale a la señora: ‘me quiero ir, vienen por mí’. Dígale que ya le hicimos su cálculo y le tienen que dar una indemnización de esta cantidad por todos los años que usted laboró aquí”, le instruyó Marcelina Bautista.
Catalina Acosta le había dicho muchas otras veces a sus empleadores que ya quería irse a su pueblo. A los 80 años el trabajo y los maltratos pesan más. Es complicado actuar en estas situaciones, a veces las trabajadoras, en el momento decisivo, no se atreven a irse, explica la fundadora de CACEH.
“En los hechos, las tienen privadas de su libertad, lo cual es un delito, es secuestro”. Pero es un domicilio particular, si la empleada dice que quiere quedarse las autoridades no pueden entrar, explica. “Lo hacen porque son presionadas o amenazadas”. Porque empezar una nueva vida quizá ilusiona, pero también asusta. Sin dinero, pues sus salarios son bajos, sin ahorros, sin una red de apoyo, el mundo afuera puede dar miedo.
Marcelina Bautista también fue trabajadora del hogar y padeció muchas de esas violencias. Pero en el 2000 fundó CACEH, hacía años que ya había comenzado su lucha por las trabajadoras del hogar y en ese centro materializó otras ideas que tenía para su gremio. Una de las principales actividades que realizan es proporcionarles capacitación para que conozcan sus derechos humanos y laborales.
Desde ahí ha impulsado el liderazgo de otras mujeres. Un fruto de esa labor es la conformación del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho). También una reforma a la Ley Federal del Trabajo para reconocer sus derechos y la creación de políticas públicas como el programa piloto de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Es común que reciban quejas sobre despidos injustificados o falta de pagos, las cuales aumentaron en la pandemia de covid-19. En julio de 2020, la tasa de desempleo para este sector llegó a 30%, mientras que la de desocupación nacional fue de 13%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
Pero las denuncias que les llegan también son sobre fallecimientos y accidentes en el lugar trabajo, o de trabajadoras retenidas, como Catalina Acosta. Estos casos los asesoran y, la mayoría de las veces, los acompañan legal y físicamente.
Un estudio realizado por CACEH reveló que las trabajadoras del hogar están expuestas a al menos 17 formas de violencia. El espectro de las agresiones psicológicas, físicas, emocionales, económicas, laborales y sexuales tiene varias manifestaciones.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o las procuradurías locales, las juntas locales de conciliación y arbitraje o los centros de conciliación —en los estados en los que ya entraron en vigor— son las instancias donde pueden denunciar algún conflicto laboral. El capítulo XIII de la LFT habla sobre las trabajadoras del hogar, en ese apartado se establecen sus derechos, como a firmar un contrato colectivo, un salario justo, tiempos de descanso, alimentación y trato digno.
Si el caso involucra delitos como la privación ilegal la libertad, deben presentar una denuncia en una agencia del Ministerio Público. Pueden también llamar al 911, el servicio que les proporcionarán en ese número de emergencias es el envío de una patrulla.
Acá no vuelven
“No se puede ir”, “no la maltratamos, tiene demencia senil”, le dijo la empleadora a Angelina Hernández cuando se enteró el motivo de la visita. “Ya le dije a otros familiares suyos que la voy a llevar con ellos, pero cuando yo pueda”, “no tengo para pagar indemnización. Eso lo verán mis abogados, tengo dos”, “por mí llévatela, me quitas un problema”.
“Yo le doy todo: No paga comida, ni luz, ni servicios, hasta la llevo al doctor”, “si te la llevas, de todo lo malo que tenga no me vengas a reclamar. Acá no vuelven”, “ustedes no se han portado bonito con nosotros, a muchas de ustedes les hemos dado trabajo en casa y hasta las mandamos a la escuela y al final, se van”.
Al escuchar el tono de la mujer, un hombre salió de la casa. Era su hermano y otro de los que crio Catalina Acosta. “Cata no es mi empleada, así que yo no voy a pagar”, “también vivo aquí”, “ella nada más me ha cuidado desde niño, y ya”, “yo le pagué el medicamento para lo de las cataratas”, “bueno, la operación la pagó, pero ella porque es su salud, no la mía”, “si no sale es porque hay pandemia”.
Luego se unió la madre de ambos, la primera empleadora, una mujer de 90 años, quien, según Catalina Acosta, la golpeó más de dos veces cuando la dos eran jóvenes, pero sólo una con poder. “Es una malagradecida”, “cuando iba a su pueblo yo le daba 1,000 pesos”, “¿y todas éstas vinieron por aquella?”, “todas son iguales”.
Optaron por llamar a uno de sus abogados, quien les aseguró que no tenían que pagar ninguna indemnización. Desde el teléfono en altavoz, le ordenó a Marcelina Bautista y a Angelina Hernández que presentaran una credencial de elector para que la empleadora les tomara una fotografía. Primero le aconsejó a su clienta “entregar a Catalina” en un juzgado cívico. Pero luego, cambió de estrategia.
La trabajadora del hogar, en tanto, terminaba de juntar sus cosas. Su cuarto se encontraba en una parte de la casa a la que se llega bajando unas escaleras. La mujer de 80 años venía de abajo, con mucho trabajo subiendo los escalones, cargando unas cajas de cartón y una maleta de lona. Al verla, su sobrina intentó ayudarle, pero el hombre le impidió pasar. “No, Cata, no puede entrar porque es mi casa. Ni modo. Ah, y, Cata, esa maleta es mía, dámela”.
Las sirenas alertaron a todos. Derrapando, se estacionaron dos patrullas afuera de la casa y de ambas descendieron varios policías. “¡No, no queríamos esto!”, dijo la empleadora en voz baja. La oficial a cargo se identificó y dijo que había acudido porque la dueña de esa casa denunció que varias personas querían entrar por la fuerza a su domicilio. “Pero veo que la situación es otra”, apuntó. “Yo sólo me quiero ir, señorita. No es justo”, le dijo Catalina Acosta en cuanto la vio. “Me maltratan y yo sólo me quiero ir”.